Guatemala,22 de Febrero del 2011
Ante la opinión pública nacional e internacional
manifestamos nuestra indignación y rechazo porque:
1.- El Gobierno de la UNE ha agredido gravemente al pueblo al quitarle 814 millones de quetzales al presupuesto del Ministerio de Salud, con lo cual coloca al sistema de salud en un estado de acelerada agonía. Significa restarle más de 2 millones de quetzales diarios. Si ya la crisis de desabastecimiento era severa, con esta medida se agudiza a límites extremos. Pero, además, de manera paralela introducen ante el Congreso la iniciativa de ley 4216, que privatiza la prestación de los servicios de salud. De aprobarse esta propuesta, podrán ejercer el derecho humano a la salud aquellas familias que puedan pagar por ello, mientras que a las demás se les cierran las puertas en sus narices. ¿Cuántas personas quedarían condenadas a muerte porque no tienen en sus bolsillos con qué pagar por el derecho a seguir vivas? Este recorte presupuestario y esta iniciativa de ley pueden calificarse como políticas criminales.
2.- Por otra parte, el Gobierno no hace absolutamente nada para frenar los abusos, los robos que a diario comete la transnacional Unión FENOSA en contra de centenas de miles de familias guatemaltecas. Por el contrario, más bien procura favorecer los intereses codiciosos de este consorcio, llegando incluso a colocar al ejército y a la policía en calidad de cobradores armados al servicio de Unión FENOSA. La justa y bien fundamentada demanda social por la nacionalización de la energía, por la creación de empresas municipales y por la introducción de reformas a la Ley General de Electricidad ha caído en oídos sordos. ¿Cuántas familias a lo largo y ancho del país simplemente se ven obligadas a dejar de comprar comida para poder pagar el recibo de la luz? Estos robos mensuales incrementan, así, los de por sí ya elevados e inaceptables índices de desnutrición infantil.
3.- El costo de la vida se ha elevado hasta límites que colocan el acceso a la canasta básica fuera del alcance de la mayoría de la población. Los alimentos, la vivienda, la consulta médica y las medicinas, los gastos educativos, el transporte (que no es público, sino privado), la ropa, en fin, todo, ha subido desmesuradamente de precios, sin que el Estado mueva ni un dedo para frenar las alzas desmedidas. Con ello, la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares se ve reducida cotidianamente hasta límites que llegan ya al terreno de lo inadmisible. La cólera social crece y se multiplica, colocándose al país al borde mismo de estallidos sociales incontrolables y de resultados impredecibles. Es decir, del caos.
4.- En función de la construcción de megaproyectos ajenos al desarrollo, que no responden a las necesidades básicas del pueblo sino a la codicia desmedida de las transnacionales y de sus socios locales, se anuncian ya desalojos en perjuicio de miles y miles de familias. La extracción petrolera, la minería, la producción de cemento, las grandes hidroeléctricas, las carboneras, la franja transversal del norte, el canal tecnológico, el anillo periférico, las torres de interconexión, entre otras obras afines, amenazan el territorio de cientos de familias y comunidades. La defensa de la tierra y del territorio es un clamor que también cae en oídos sordos, al cual las autoridades del Estado se niegan a prestar la debida atención. Más bien, se disponen a remilitarizar las zonas conflictivas, en beneficio exclusivo de las empresas extranjeras y de sus cipayos locales. Sólo el canal tecnológico desplazará a más de 30 mil familias y encementará más de 55 mil metros cuadrados de áreas de cultivo, precisamente en la zona de mayor hambruna en el país. Sólo las plantas carboneras le agregarán 3 millones de toneladas de químicos tóxicos, de venenos, a la atmósfera, con lo cual envenenarán el aire, la tierra y el agua.
5.- Y, para colmo de males, ahora pretenden abrir las puertas a reformas constitucionales, inicialmente para habilitar la candidatura de Zury Ríos, de Álvaro Arzú y de Sandra Torres, quienes tienen impedimentos constitucionales para lanzar sus candidaturas. El problema no gira solamente alrededor de violentar la ley superior para favorecer a tres personas en particular, sino que, con ello, queda abierta una puerta por la cual se puede colar hasta el diablo. La Constitución Política de la República debemos, pues, defenderla.
El actual Gobierno ha cerrado, al pueblo, todos los espacios de dialogo. El FNL ha insistido en sostener una audiencia con el Señor Presidente, Ingeniero Álvaro Colom, pero el primer mandatario se ha negado a sostenerla. Además de los cinco puntos anteriores, buscamos dialogar también sobre el desprecio al valor de las consultas populares, la crisis financiera del Estado, las violaciones a los derechos laborales, el incumplimiento a las órdenes judiciales en materia laboral, en fin, un vasto conjunto de temas que van colocando al pueblo al borde mismo del abismo. Pero la negativa absoluta es la única respuesta que hemos encontrado.
Por lo anterior, hacemos un llamado a todas las organizaciones miembros del Frente Nacional de Lucha, a las organizaciones hermanas, al movimiento campesino e indígena de todo el país a movilizarse y participar en las acciones de lucha que se llevarán a cabo el día jueves 24 de febrero, a partir de las siete de la mañana, en los siguientes departamentos:
San Marcos, Huehuetenango, Quiche, Quetzaltenango, Retahuleu, Suchitepéquez, Chiquimula, Escuintla, Petén, Izabal, Zacapa, Jutiapa, Alta Verapaz , Sacatepéquez y el departamento de Guatemala.
Con estas acciones estaremos reivindicando la lucha para el fortalecimiento de la democracia en la construcción de una Guatemala, justa , digna y humana.
LA LUCHA SIGUE
