La Reforma Tributaria: ¡No más impuestos a los y las de abajo!

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Todo el mundo lo reconoce. La estructura tributaria costarricense, según los más prestigiosos criterios técnicos, es de carácter regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. La gente de abajo, por lo general personas trabajadoras asalariadas, gente que trabaja por cuenta propia, las micro-pequeña y medianas empresas, pagan más impuestos, proporcionalmente hablando, que la gente que tiene mayores ingresos.

De cada 100 pesos que recauda el Gobierno, 70 colones los ponen “los y las de abajo” (impuesto de ventas, por ejemplo). Los otros 30, salen del bolsillo de quienes tienen grandes rentas, mucho capital, abultados ingresos. Debería ser al revés. El país urge de tener una estructura tributaria de carácter progresivo: paga más quien más tiene.

Este es un primer problema que no ha sido abordado por ningún gobierno.  Nadie quiere enfrentar al poder del capital. ¡Pues claro! Es el que pone la mayoría de la plata para las campañas políticas y que apuesta por varios bandos a la vez. Ninguna propuesta de reforma tributaria podrá ser justa si sigue reforzando la regresividad impositiva y no se le abre paso a la progresividad impositiva.

El segundo gran problema es la gigantesca evasión en el pago de los impuestos ya establecidos por ley. Los datos son espeluznantes. Los datos no son inventados y los han presentado entidades que gozan de mucha autoridad en el tema, como la Contraloría General de la República (CGR).

El Gobierno quiere que se le apruebe el paquete de impuestos que ya presentó en la Asamblea Legislativa, para recaudar, ¡500 mil millones de colones! y así, dicen las actuales autoridades, atajar el problema del déficit fiscal que, visto técnicamente, es grave. Pero ocurre que la evasión en el pago de impuestos (que tiene múltiples formas, por cierto), anda en una cifra parecida, siendo los impuestos de ventas y de renta los que más se evaden.

Es decir, si el Gobierno, por ejemplo, toma una especie de decisión de declarar como “Emergencia Nacional”, el combate al robo de impuestos, podría estarse garantizando recuperar esa cantidad de ¡500 mil millones de colones!

El mismo ente contralor ha señalado este grave problema de robo de impuestos y le ha dicho al Gobierno que lo combata, dándole instrucciones precisas como, por ejemplo, el reforzamiento estratégico de la administración tributaria, tomando una medida como más contrataciones de personal.

Con una sociedad como la nuestra, en veloz ruta hacia la desigualdad, la reforma tributaria que propone el Gobierno incrementará esa desigualdad y generará uno de los golpes más duros a la ya de por sí golpeada clase media, gran parte de la cual está sumamente endeudada en su desesperado intento para evitar caer en la pobreza.

Nosotros tenemos claro que dentro del Gobierno hay personas que no comparten el rumbo hegemónico en su seno, de signo neoliberal, fortalecido por encontrarnos ya en “tiempos de TLC’s”. Sin embargo, lo que cuenta es la naturaleza contraria al bien común de las medidas que se avecinan y, por tanto, nada más oportuno que el Movimiento Sindical opte por acciones de movilización con un plano más global, pese al enojo que sentimos por la miseria de los incrementos salariales impuestos a la clase trabajadora en sus dos segmentos principales: el Privado y el Público. Por tanto, la movilización prevista para marzo debe ser algo gigantesco.

Debemos alertar a la clase trabajadora del sector Público, a sus entidades gremiales y sindicales. Estamos absolutamente convencidos de que vienen despidos masivos en la Administración Pública y lo decimos sin ambages para que nadie sea sorprendido. Varias iniciativas, legales y administrativas, vienen de camino. Veamos algunas: a) la ley de “competitividad” del Estado; b) hay unas once convenciones colectivas en la mira de un fuerte ataque jurídico; c) se pretende incrementar el número de instituciones con el carácter de entidades con “personería jurídica instrumental”, de tal suerte que si no venden servicios para pagar toda o parte de su planilla, han de quebrar pues la plata que se les transferiría desde Hacienda será mínima. Ni qué decir, del ya prácticamente vigente congelamiento salarial y de plazas, sin importar el tipo de servicio público de que se trate.

Antes de hablar de nuevos impuestos, las fuerzas políticas y sociales que abogamos por el bien común, debemos obligar al Gobierno a que: 1) Diseñe, con participación de tales fuerzas, un conjunto de medidas de urgencia para atacar, de raíz, la evasión, en un período evaluable de, al menos, doce meses, para medir el impacto recaudador de tales medidas. 2) Considerar un impuesto al patrimonio, por una única vez, para grandes fortunas y capitales, a partir de cierto monto que, por supuesto, no toque las cuentas ni los ahorros de lo que queda de la clase media; 3) un proyecto de ley de “contingencia fiscal”, a erogaciones suntuarias, al consumo de lujo y a las muestras evidentes de riqueza acumulada; 4) Un proyecto de ley, en específico, para controlar, regular y/o eliminar las abusivas exenciones impositivas, muchas de las cuales son un verdadero “asalto legal” al erario público; 5) establecimiento de un órgano político-colegiado, de integración diversa, para el seguimiento, en todos sus dimensiones del proceso de la “emergencia” fiscal.

Hay muchas más propuestas que se pueden tomar sin despedir gente, sin congelar salarios, sin deteriorar más los servicios públicos… es decir, sin impuestos para “los y las de abajo”. Pero, claro está: urge de un gran músculo social para viajar de la regresividad a la progresividad en materia de impuestos. En marzo, en las calles… no hay otra opción.