Tatiana Félix
Periodista de Adital
Adital
Once años después del asesinato de seis jesuitas y de dos mujeres que actuaban en la Universidad Centroamericana (Uca) de El Salvador, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, decretó ayer (30) la detención inmediata de 20 militares y ex-militares salvadoreños involucrados en los delitos. La mayoría de los jesuitas era de origen español y entre ellos estaba el rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría.
Los delitos, conocidos como 'masacre de la Uca', ocurrieron en noviembre de 1989, en un contexto de guerra que facilitó la violación de derechos humanos de carácter xenófobo, que tuvo como foco a los jesuitas de la Uca.
El rector español Ignacio Ellacuría tenía un papel de liderazgo e intermediaba las negociaciones de paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Poder Ejecutivo, siendo por ello considerado una amenaza para los sectores más reaccionarios del gobierno y del ejército de El Salvador. El juez que sentenció el caso cree que, para el ejército, la iniciativa del religioso era un intento de terminar con la influencia del grupo de militares conocido como Tandona.
Ante esta 'amenaza', el grupo Tandona, que ocupaba altos cargos de responsabilidad en el Ejército durante la guerra del país (1982 - 1992), decidió organizar una campaña contra Ellacuría y otros cinco jesuitas, cuatro de ellos españoles.
Todo indica que el plan para el asesinato de los jesuitas comenzó después de la ruptura de las negociaciones entre el ejecutivo y la guerrilla. El Ejército habría lanzado entonces una 'operación psicológica' consistente en emitir amenazas contra Ellacuría, que era acusado de ser el 'cerebro del FMLN' y contra los jesuitas, a quienes denominaban ‘terroristas’.
Como parte del plan, la Uca fue caracterizada como 'centro de planeamiento' y 'refugio seguro del FMLN'; entonces, se enviaron soldados para controlar la entrada y salida de personas de la universidad, días antes de los delitos, que ocurrieron el 16 de noviembre de 1989.
La Comisión de la Verdad cree que existen pruebas de que los militares habrían dado orden de matar a Ignacio Ellacuría y que después del delito, habrían tomado medidas para ocultar el mismo. La justicia nacional se resistió a investigar a los responsables materiales de esta masacre, y para oprimir todavía más la verdad se decretó en el país una Ley de Amnistía que favoreció a los criminales.
La investigación del caso comenzó después de que la ‘Asociación Pro-Derechos Humanos’ de España y la organización estadounidense ‘Centro para la justicia y rendición de cuentas’ presentaron una denuncia en la Corte española. Entre los militares acusados de ser los responsables del delito se encuentra el ex-ministro de Defensa del país, Rafael Humberto Larios. El presidente de El Salvador de aquella época, Alfredo Cristiani, también fue denunciado y señalado como encubridor de la masacre, pero él no fue incluido en la investigación.
Para el director de la radio Ysuca, Carlos Ayala Ramírez, el castigo de los culpables es importante para que El Salvador encuentre paz y justicia. "El espíritu que anima esta iniciativa no es volver al pasado más o menos inmediato con sed de venganza, sino con sed de justicia que no excluye el perdón", opinó.
Para él, ésta es la razón de la expectativa para "satisfacer la necesidad colectiva de justicia como fuente primordial de redención del mal de la impunidad; particularmente en un crimen que por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto".
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